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Primer paso para una ley que proteja a los menores en internet y tipifique los nuevos delitos que se comenten contra ellos en el mundo digital

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en internet y los entornos digitales. Un proyecto que, así, comienza su trámite legislativo, con una primera remisión al Congreso de los Diputados.

La propuesta de ley, innovadora en Europa, surge con la finalidad de proteger el derecho a la intimidad, al honor, la propia imagen y los datos personales de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital y garantizar que accedan a contenidos adecuados a su edad.

La creación de entornos digitales seguros para personas menores de edad se convierte en un derecho y buscará garantizar la protección eficaz ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo. Se persigue que reciban información veraz, suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías y de los riesgos asociados, así como al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales.

Nuevos delitos digitales en el Código Penal

Para buscar una mayor protección de los menores, se tipificarán en el Código Penal, entre otras cosas, los deepfakes de contenido sexual; es decir, las ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento.

También se propone incluir en el Código Penal el grooming. Esta acción es el engaño a una persona menor de edad utilizando una identidad ficticia, sobre todo en términos de edad. Esto supone además un agravante para algunos delitos sexuales.

Adicionalmente, se incorpora la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales. La medida pretende evitar la revictimización y la reincidencia.

Incentivar un consumo digital responsable

Esta Ley obligará a incluir sistemas de control parental accesibles y gratuitos, activados por defecto, en los dispositivos digitales. Y pretende prohibir el acceso por parte de las personas menores de edad a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (loot boxes).

Además, establece obligaciones expresas en diferentes sectores y en Administraciones Públicas.

En el ámbito educativo, se buscará incentivar el fomento de las competencias digitales y el uso responsable de las tecnologías, estableciendo criterios sobre uso de dispositivos móviles y digitales en el aula y, en general, dentro de las instalaciones educativas.

La ley también toca el ámbito sanitario. En este sentido, se deberán establecer guías y programas de prevención y promoción de la salud, así como protocolos de atención ante comportamientos adictivos hacia la tecnología.

Por su parte, los poderes públicos tendrán la obligación de promover el acceso libre e igualitario al mundo digital y el desarrollo de una estrategia nacional sobre la protección de la infancia y adolescencia en él. Adicionalmente, se deberán establecer medidas integrales de protección ante cualquier tipo de violencia de género y/o sexual en el ámbito digital, debiendo garantizar la protección de las víctimas y su acceso pleno a los servicios especializados.

Más control de la edad

El texto legislativo eleva la edad de consentimiento para el uso de datos personales. Esta pasará de los 14 a los 16 años y establece obligaciones para grandes operadores de la comunicación e influencers. Estos, ahora, deberán utilizar sistemas de verificación de edad y separar contenidos que puedan contener escenas pornográficas o violencia. Además, deberán incluir enlaces a canales de denuncias.

Desde USO, consideramos que esta iniciativa de ley es un avance en la creación de espacios digitales más seguros para nuestra juventud. El texto pretende generar una respuesta sólida frente a las vulnerabilidades que enfrentan nuestras niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Creemos que esta iniciativa constituye un gran desafío, ya que requiere de una coordinación sólida entre autoridades y administraciones, además de establecer criterios homologados para garantizar la protección de los derechos de las personas menores de edad, sin coartar su libertad y desarrollo personal.

El reto es mayúsculo. Debemos encontrar el punto medio respecto del uso de tecnologías y el entorno digital porque las nuevas generaciones son nativas digitales. Por tanto, las medidas que se emprendan deben formularse desde un aspecto de protección a vulnerabilidades, sin caer en el paternalismo y la criminalización. Las personas adultas tenemos el reto de aprender a hablar el mismo idioma que nuestros niños, niñas y adolescentes, comprender sus necesidades y abordar las problemáticas desde el punto de vista del consenso, y no desde la imposición y la penalización.